Moncloa cree que no habrá president hasta marzo tras un pacto independentista ‘in extremis’

El Gobierno ve complicado que los independentistas pacten un candidato de consenso antes del 31 de enero, el día en que, según los plazos, debe celebrarse la primera sesión de investidura.

En fuentes gubernamentales se muestran convencidos de que Carles Puigdemont no logrará su objetivo de ser president. Por razones obvias: porque está en Bruselas y se recurrirá al Tribunal Constitucional cualquier tentativa de ser investido por plasma. Incluso si persiste en el órdago, y ésta se consuma, el Ejecutivo ya avanzó que mantendrá vigente el artículo 155 de la Constitución.

En La Moncloa destacan, no sin cierto tono de satisfacción, las disputas internas del independentismo y la dificilísima convivencia entre los dos socios de Govern, ERC y Junts per Catalunya o, en su extensión, el PDeCAT. Y aunque consideran que acabarán resolviendo sus diferencias para salvar la investidura, calculan también que el acuerdo será ‘in extremis’ y al filo del plazo, de dos meses, que la ley contempla para la disolución del Parlament.

Según el reglamento, en el caso de que ambas formaciones llegasen al 31 de enero sin un pacto sobre el aspirante, el presidente del Parlament se vería obligado a proponer un candidato. Si éste no alcanza la mayoría -absoluta en primera votación o simple, en segunda- empezará la cuenta atrás hasta el 31 de marzo. En este tiempo, los partidos deberán llegar a un acuerdo sobre un nuevo candidato o, en caso contrario, la Cámara se disolverá y se convocarán nuevas elecciones.

«Falta de liderazgo»

Pese a que hace días que en el entorno de Puigdemont suena esa salida, el Gobierno no cree que los secesionistas lleguen a una nueva convocatoria electoral. Creen que se trata de una estrategia demasiado arriesgada, y que, a la hora de la verdad, a ninguno le interesa. Por eso, el escenario que dibujan es un acuerdo de última hora entre Junts per Catalunya y ERC, apurado incluso hasta finales de marzo, con un nuevo candidato pactado. En fuentes del Gobierno se subraya la «falta de liderazgo» entre el independentismo, como evidencia el hecho de que, al margen de Puigdemont y Junqueras, ninguno de los dos partidos tenga claro un sustituto. Por este motivo, razonan, la legislatura será débil. Incluso condenada al fracaso.

En La Moncloa confían en que el nuevo gobierno sea «limpio», esto es, sin imputados ni fugados en Bruselas, lo que implica dejar atrás a la actual cúpula de dirigentes independentistas, incluido Junqueras.

Inmersos en la causa penal que se investiga en el Supremo. En ese caso, el Gobierno vuelve a tender su oferta de diálogo para devolver la «normalidad» a Cataluña. Eso sí, siempre, y sin ambages, «dentro de la ley».  Como ya destacó el propio presidente, en su comparecencia tras las elecciones del 21 de diciembre, solo así será posible «generar un marco de seguridad» para generar empleo y mejorar el bienestar de los catalanes.

El Ejecutivo tiene ya ultimados una batería de recursos en caso de que los independentistas persistan en planes al margen de la legalidad.

Batería de recursos

Así, recurrirán de forma «inmediata» ante el Tribunal Constitucional si la Mesa del Parlament, que se constituye este mismo miércoles, autoriza a los cinco diputados que están en Bélgica, incluido Puigdemont, a delegar su voto. Los letrados del Parlament ya denegaron este martes esa posibilidad.

El Ejecutivo no descarta tampoco impugnar la votación de  los tres encarcelados-el exvicepresidente Oriol Junqueras, el exconseller de Interior, Joaquim Forn y el exlíder de la ANC, Jordi Sánchez. En este caso, esperarán a ver la solución que propone la Mesa. La pasada semana, el juez del Supremo, Pablo Llarena, delegó en este órgano la posibilidad de que estos parlamentarios puedan votar.